Durante la emergencia sanitaria por Covid-19, los gobiernos estatales, además de alcanzar un récord en el nivel de contratación de financiamientos, han apostado por refinanciar su deuda, a fin de mejorar la administración de sus pasivos y las condiciones financieras de mercado.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siete estados y dos municipios contrataron financiamientos y obligaciones entre abril y la primera quincena de mayo del 2020, ya inscritos en el Registro Público Único, por un total de 37,776 millones de pesos, que significó el mayor monto contabilizado para un mismo periodo de comparación. Esta cifra significó un crecimiento anual de 721.4 por ciento.
Por destino, de los 37,776 millones de pesos, 87.2% se dirigió a refinanciamiento, 7.2% a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, 4.0% a inversión pública productiva y 1.6% a refinanciamiento sin autorización (es un solo crédito que pertenece al municipio de Tijuana).
La inversión pública productiva no fue la primera opción de la mayoría de los subnacionales para detonar la economía, debido a que la construcción se declaró sector esencial hasta el 12 de mayo – junto con la industria automotriz y la minería –, cuyo regreso a la actividad, con capacidad operativa limitada, se dio en algunos casos entre el 1 y el 8 de junio, mientras en otros, será hasta el 15 de junio (el corte de la contratación de deuda es al 15 de mayo).
Para Héctor Magaña Rodríguez, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, la apuesta por el refinanciamiento obedece a mejorar la administración de los pasivos.
“Con el refinanciamiento de la deuda lo que se busca es convertir los pasivos de corto plazo a largo plazo, es decir, diferir el pago. Esta estrategia resulta conveniente cuando las tasas de interés de largo plazo son inferiores a las de corto plazo”, detalló.
“Adicionalmente, por las medidas de contingencia resulta complicado que la inversión pública se incremente, ya que las personas que no realizan actividades esenciales están resguardadas”, explicó.
Agregó que la construcción no era considerada actividad esencial al comienzo de la emergencia sanitaria, por lo que su reactivación tardará, “es complicado determinar fechas exactas para el inicio de nuevos desarrollos de infraestructura”.
Particularidades
Por entidad, de los 37,776 millones de pesos de deuda, 50.2% lo contrató Quintana Roo, 33.0% Baja California, 6.3% el municipio de Tijuana, 4.0% Guanajuato, 3.4% Jalisco, 1.6% Chihuahua, 0.8% Nuevo León, 0.8% Yucatán y 0.02% el municipio de Comala.
Sólo el estado de Guanajuato y el ayuntamiento de Comala destinaron su deuda a inversión pública productiva, con montos de 1,500 millones y 6.8 millones de pesos, respectivamente. Mientras Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Yucatán utilizaron los financiamientos para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
Héctor Magaña señaló que en Quintana Roo, por su dependencia a la actividad turística, la deuda contratada será para apoyar al sector. “En Baja California, será para preservar las condiciones sanitarias adecuadas en el traslado de viajeros y mercancías hacia Estados Unidos, además de apoyar la sanitización de las fábricas y fondos para evitar despedir al personal”, puntualizó.
“En Guanajuato, su estrategia es diferente, ya que su nivel de endeudamiento de corto plazo es bajo, por lo que optó por incrementar los apoyos a la industria mediante un aumento a la inversión”, subrayó.
Enlace original: El Economista